Serán las medianas y grandes empresas las padecerán los cambios que propone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la miscelánea fiscal 2022, a diferencia de las pequeñas empresas. 

La Cámara Internacional de Comercio refiere que para  las empresas medianas o grandes, la carga administrativa se incrementará notablemente, lo cual generará un mayor costo de cumplimiento para los contribuyentes.

El pasado 8 de septiembre, se presentó la propuesta de miscelánea fiscal para el siguiente año, la cual incluye propuestas de cambios para las leyes del IVA, ISR, IEPS así como para el Código Fiscal Federal (CFF). La iniciativa deberá ser aprobada por el Congreso de la Unión antes del día 31 del presente mes de octubre.

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) explicó que los cambios vienen en el sentido de desincentivar planeaciones fiscales agresivas, en especial de grandes corporativos cuando hacen transacciones con sus partes en el extranjero.

Esto se verá reflejado, pues de acuerdo al director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda; Los grandes contribuyentes se encuentran con un bloqueo a distintos tipos de deducciones que estaban afectando la recaudación. Un claro ejemplo es el  cierre a la posibilidad de que se hagan cambios de residencia fiscal, que es una práctica muy concurrente:  cambiar de país de residencia para no pagar impuestos en México. Esta práctica es popular en accionistas de grandes negocios. Lo que busca la propuesta a esta ley es fortalecer la fiscalización.

Por otro lado, lo que la propuesta para la Ley de ISR establece, es un orden para el acreditamiento de impuestos contra el ISR del ejercicio, restándose, en primer lugar, el correspondiente a los pagos provisionales realizados durante el año y, posteriormente, el monto de impuestos sobre la renta pagados en el extranjero.

Es destacable mencionar, que para la actual administración ha sido de suma importancia la recaudación del ISR a través de la fiscalización de grandes empresas. Esto  es razonable, pues tan solo en el primer semestre de 2021, se registraron 188,300 millones de pesos por actos de fiscalización y 59,400 millones de pesos por eficiencia y cobranza, esto de acuerdo a datos del SAT. 

Fuente: Expansión septiembre